ERTES, Autónomos y medidas adoptadas por el gobierno.

Son muchas las empresas y trabajadores preocupados por el auge del virus Coronavirus en nuestro país, así como el impacto que puede tener el referido virus a corto y medio plazo en nuestra economía.

Es por ello que queremos dar a conocer a nuestros lectores e interesados lo que supone la tramitación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, los diferentes escenarios en los que se puede aplicar y como afecta la tramitación de este expediente en el sueldo y las condiciones laborales de los trabajadores.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo viene regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, el cual permite a las empresas suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas laborales de manera temporal cuando atraviesen por dificultades económicas, productivas, organizativas, técnicas o de fuerza mayor que pongan en riesgo su viabilidad:

Causas económicas: Situación económica negativa, como la existencia de perdidas actuales o previstas o la disminución progresiva de los ingresos. Se entenderá que hay disminución si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos de cada trimestre es inferior a los obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.

Causas productivas: Cambios en la demanda de los productos o servicios.

Causas organizativas: Cambios en los sistemas de trabajo o manera de organizar la producción.

Causas técnicas: Cambios en los medios o instrumentos de producción.

En principio cualesquiera de los motivos anteriormente expuestos podrían ser de aplicación, pero los efectos del virus nos hacen pensar que nos encontramos ante un caso de fuerza mayor, por lo que sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 47.3 y 51.7 del mismo texto legal.

¿QUE CAMBIOS PUEDE ADOPTAR LA EMPRESA CON ESTE EXPEDIENTE?

El ERTE puede contemplar las siguientes opciones:

  1. SUSPENDER los contratos de trabajo de tus empleados durante el tiempo necesario para superar las dificultades (ERTE DE SUSPENSION TEMPORAL).
  2. REDUCIR las jornadas de trabajo de los empleados (ERTE DE REDUCCION). En este caso la jornada de trabajo debe ser entre un 10% y un 70% y durante el periodo de reducción los trabajadores no podrán realizar horas extras (salvo si se deben a fuerza mayor).
  3. SIMULTANEAR La suspensión de contrato para unos trabajadores (ERTE DE SUSPENSION) y la reducción de jornada para otros (ERTE DE REDUCCION)

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA LA EMPRESA?

En lo que respecta al sueldo de los empleados, durante el ERTEla empresa se ahorra el salario de la parte de jornada no trabajada o suspendida y los afectados cobrarán el salario si cuentan con más de 360 días cotizados o carecen de rentas superiores al 75% del SMI, de la Administración.

¿CUÁNTO COBRARÁ EL TRABAJADOR POR LA JORNADA NO TRABAJADA O SUSPENDIDA?

Durante los primeros 6 meses, cobrará el 70% de la base reguladora de los 6 meses anteriores, y durante los siguientes 18 meses, cobrará el 50% de la base reguladora.

¿CUÁNTO PUEDE DURAR UN ERTE?

La duración del ERTE será en principio la acordada durante el periodo de consultas o la que determine la autoridad laboral. La ley no establece un límite temporal determinado y, de hecho, nada impide que se encadenen varios expedientes de este tipo, siempre que haya una justificación y que se cumplan todos los requisitos legales.

¿QUÉ MEDIDAS HA APROBADO HOY EL GOBIERNO?

El gobierno ha aprobado agilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que todos los trabajadores afectados tengan derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo. Además, ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

También se exonerará a las empresas de la parte de la cotización, la de contingencias comunes, que tienen que pagar durante el tiempo que tengan trabajadores afectados por un ERTE

Por lo tanto, el decreto-ley aprobado hace que todos los ERTE se consideren de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días. Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el período de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de éstos.

También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

La reducción de jornada, añaden, no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción y sin que puedan ser sancionados o despedidos. No se establece la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.

Sobre el teletrabajo, se añade que dará carácter preferente simplificando la forma de hacerlo, dando por cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Por otro lado, el Real Decreto también recoge medidas para ayudar a los autónomos. El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social.

Este Decreto ley aprobado por el Gobierno señala que esta prestación, que duraría un mes, pero se podría prorrogar, se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Sin querer entrar en mayor profundidad, desde Crealia Abogados y Asesores invitamos a realizar cualquier consulta relacionada con este asunto, para lo cual podrán enviar un email a info@crealiaabogados.com